Tanto la Constitución como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos garantizan que toda persona debe contar con un juez independiente e imparcial en cualquier tipo de juicio.
En el Ecuador tenemos los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y distritales de lo fiscal. En estos tribunales esencialmente se conocen juicios contra al Estado. Los procesos en general responden a las demandas propuestas por particulares cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. La Corte Nacional también tiene salas especializadas en estas materias.
Los jueces que integran estos tribunales, al igual que los demás que conforman la función judicial deberían ser independientes. Muchos de ellos han demostrado cumplir con este requisito.
Sin embargo, dentro de los jueces que conforman estos tribunales hay algunos que son manifiestamente dependientes. En efecto, existe un grupo de estos jueces que sostienen inclusive públicamente que al ser funcionarios oficiales y que son pagados con fondos públicos no pueden jamás resolver en contra del Estado.
La posición de estos jueces genera una conducta ilícita que coloca a quienes acuden ante esta justicia en situación de indefensión. Ello además genera responsabilidad internacional para el Estado. El Ecuador no puede tener jueces dependientes. Por ello, resulta fundamental investigar y sancionar a quienes actúan conforme a esta errada teoría.
