IMPERIO DE LA LEY
Imperio de la Ley es una expresión que denota la absoluta necesidad de que en las sociedades humanas se obedezca las leyes legítimamente expedidas, como requisito indispensable para la justa, pacífica y civilizada convivencia entre sus miembros. Esto implica que todos sus miembros, sin ninguna excepción, estén sometidos a tales leyes y que ellas se apliquen de forma igual a todos. Esta expresión es la equivalente a la generalizada expresión del idioma inglés, “rule of law”, tan difundida entre los profesionales del derecho.
La llamada seguridad jurídica, esto es, que la ley se aplique pronta, justa y eficazmente, en igualdad de condiciones para todos los miembros de una sociedad, es un principio que se basa en el imperio de la ley.
Sin embargo, esta majestuosa expresión – imperio de la ley -, bien intencionada y buena como es, no implica por si misma que todas y cada una de las leyes que norman la sociedad sean buenas, justas y convenientes de ser aplicadas. Es imprescindible por tanto que tales leyes sean justas, equitativas y de aplicación general y, sobre todo, legitimante expedidas, esto es, dentro de un estado que haya organizado sus poderes públicos bajo las normas de una verdadera democracia. Solo así es justificable el imperio de la ley.
Democracia es, en esencia, el predominio popular en la conducción del Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo, o al menos a través de sus representantes legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía popular, en ellos delegada.
De aquí que en realidad no sean verdaderas democracias aquellas democracias autoritarias que permiten acceder al poder público a un auténtico autoritarismo, ejercido por un autócrata o por el núcleo rector del movimiento o partido único, tras la proclama y promesa, ambas engañosas y falsas, de un ejercicio democrático del poder.
Tampoco, por cierto, son verdaderas democracias aquellas democracias de hecho que son las que, engañosa y arteramente, dicen practicar los antidemocráticos, los totalitarios, los que prescinden de la elección sincera y limpia de los gobernantes por los gobernados y que, perpetuándose así en el poder, atentan contra la alternabilidad de los ciudadanos que ejercen el poder que, siendo necesaria, debe ser imprescindible en una verdadera democracia.
La democracia ha tenido una larga trayectoria de existencia intermitente y variante en el espectro social del ser humano, desde cuando fue concebida por la cultura griega hace muchos siglos. Por cierto, el nombre democracia ha sido usado a lo largo del tiempo transcurrido desde su inicial concepción e implementación hasta el presente, con tantas variaciones de ideología e intención que en no pocas ocasiones se ha pretendido con ese nombre enmascaran regímenes antidemocráticos.
Es así como no se puede aceptar como legítimas las amañadas elecciones sucesivas con que se simula elegir democráticamente a los gobernantes que se perpetúan en el poder por medios abusivos y engañosos y a los cuerpos legislativos que los respaldan y protegen
Estas seudo democracias abundan en el actual espectro político de Latinoamérica, todas arropadas bajo el ultimo mote del socialismo totalitario, “socialismo del siglo XXI”, socialismo que aun padecemos en Ecuador, iniciado en el año 2007.
Es universalmente aceptado que una verdadera democracia, a mas de ser electiva, alternativa y responsable, debe implantar en su sistema legal y constitucional la división de tres poderes a través de los cuales se ejercerá el gobierno y conducción de la sociedad: legislativo, ejecutivo y judicial, que deben ser totalmente independientes entre si para que se cree el necesario contrapeso entre ellos y se ejerza el control de la legalidad, justicia y equidad ante la ley.
Penosamente en el Ecuador, el gobierno de la engañosamente llamada revolución ciudadana, que por cierto en su posesión inicial no juro defender la constitución vigente a esa fecha, impuso al Ecuador la vigencia de una nueva constitución, al más puro estilo del socialismo del siglo XXI, que elimino la división de los tres poderes de una verdadera constitución de libertades y la sustituyo por un sistema engañoso de garantismos y antinaturales igualdades que incluye cinco poderes, siendo los dos añadidos totalmente antidemocráticos pues, ambos se deben y sujetan a la designación y a la injerencia descarada del poder ejecutivo que, con esta artimaña, se arroga el poder absoluto y totalitario del gobierno del Estado para sojuzgar a todos los miembros de la sociedad, persiguiendo a los que se oponen a sus designios.
Elevar a la categoría de poder del estado a la función electoral para manejarla desde el ejecutivo mediante la designación de sus miembros es simplemente atroz.
Igualmente lo fue crear una quinta función supuestamente para la transparencia y control social bajo el ampuloso y engañoso nombre de “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, investido de la facultad para designar, entre otras facultades, a todas las autoridades de administración y control que en una autentica democracia corresponden ser elegidas en el seno del poder legislativo, único depositario de poder de legislar del pueblo. Esto ha producido, como era de esperarse, el descalabro institucional que experimentamos actualmente en el Ecuador.
Las dos deformaciones totalitarias antes denunciadas, son sencillamente antidemocráticas y deberán ser corregidas si lo que queremos es que la democracia vuelva a regir en nuestro país y salgamos del marasmo de abusos burocráticos contra el ciudadano común y de impunes saqueos de los fondos públicos.
Es claro entender entonces que, con la anterior deformidad de la democracia en el Ecuador, el estado haya sido sujetado a una legislación que no es legítimamente democrática, razón por la cual su aplicación es contraproducente para alcanzar el fin ultimo del bienestar y progreso de todos los miembros de la sociedad y ha permitido que, el partido del gobierno aun en funciones desde hace doce años, cope con sus mas obsecuentes miembros todas las funciones del Estado, e implante la mas descarada e inmensa corrupción en todos los órdenes del que quehacer ciudadano.
El imperio de la ley en el escenario del Ecuador actual es, por tanto, uno de inseguridad jurídica, inmoralidad e impunidad que mas se asemeja al imperio de la voluntad omnímoda de un reducido numero de personas que ejercen el poder político a su discreción, que a una sincera forma de vida en democracia.
Es imperativo pues que, para rescatar al Ecuador de tanto descalabro moral y económico se empiece por reformar sustancialmente la constitución vigente, o a sustituirla: (i) restableciendo el ejercicio del poder político en las tres funciones tradicionales de una verdadera democracia; (ii) adecuando su legislación a la constitución así reformada o sustituida, y (iii) removiendo, sancionando y enjuiciando, cual sea del caso, a todos aquellos individuos que, en el formato de las cinco funciones de la actual constitución y en la concentración de poder e impunidad con tal formato originados, hayan sido los responsables de todos los abusos, perjuicios y desafueros ocurridos.
Mayo 1, 2019
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