
Diana Salazar podría usar la “FCPA” para combatir la Corrupción en el Ecuador.
La posesión de la ibarreña Diana Salazar como nueva Fiscal General del Ecuador para un período de seis años en un momento que el país se encuentra en un momento incierto entre lo que fue una década de consolidación del crimen, principalmente en los denominados delitos de cuello blanco “White-collar crimes” nos induce a pensar en algunos temas con estrecha relación con el combate a la corrupción.
La nueva Fiscal Salazar de 37 años de edad con experiencia en temas de trasparencia, lucha contra la corrupción, lavado de activos, contrabando, delincuencia organizada transnacional. Más conocida por haber sido directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE); y los casos de Odebrecht, Federación Ecuatoriana de Futbol, y del ex Vicepresidente Jorge Glas. Deriva en mi curiosidad por saber cual será el destino de la Fiscalía en el Ecuador en diferentes temas.
Uno de esos temas que en lo personal me llama la atención es la aplicación de la Ley Contra Practicas Corruptas en el Extranjero, (FCPA) “The Foreign Corrupt Practices Act” que rige dese el año 1977. La relevancia de esta norma está en su impacto a nivel internacional incluido el Ecuador. Pues, esta norma busca penalizar actos de corrupción cometidos fuera de Estados Unidos por personas naturales o jurídicas de nacionalidad estadounidense. Es decir que cualquier compañía con domicilio en USA que tenga actividades comerciales en el Ecuador aún de forma indirecta podría verse afectada. En virtud que más del 90% de las compañías multinacionales tiene relación con los Estados Unidos esta norma es relevante.
En contexto es necesario saber que para el año 2018 existieron mega casos cuyas sanciones obligaron al amparo de la ley FCPA a los siguientes pagos: Petrobras por 1780 millones de dólares, Sogen 585 millones y Panasonic por 280 millones.
A mi modo de ver la incidencia de la Ley FCPA en nuestro país podrá ser muy relevante en la persecución a los delitos de cuello blanco. Además podrá ser un gran instrumento de persecución a las prácticas corruptas que podría usar la nueva fiscal de la nación Diana Salazar para perseguir aquellos delincuentes que residen en USA o tiene inversiones en dicho país.
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