Master en Derecho de Propiedad Intelectual por la Universidad de las Américas y OMPI.
Ab. Nicole Álvarez Barreno
Asociada/Associate
Master en Derecho Comercial y Corporativo por la Universidad de Sheffield, Inglaterra
El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), vigente desde el 2010, establece que los contratos de inversión tienen una vigencia de 15 años y son renovables una sola vez. Para que el inversionista pueda acceder a este tipo de contratos, las inversiones deben ser de, al menos, un millón de dólares, y, el primer año, la inversión sea de doscientos cincuenta mil o más. La Ley de Fomento Productivo, de 2018, amplía los incentivos tributarios que otorga el COPCI, como la exoneración del impuesto a la renta por 15 años y la exoneración del ISD en los casos que determine la ley. Tomando en cuenta la caída de la economía por la pandemia y la atracción de inversiones que impulsa el gobierno actual para la reactivación económica, cabe la duda de si esta figura de contratos es un mecanismo efectivo para atraer inversión privada en estos tiempos.
Durante los últimos 3 años se han celebrado 155 contratos de inversión por $3.235.626.197,00 que han generado 15.050 plazas de empleo. El sector manufacturero atrajo el 61% de contratos, le sigue el turístico con 13%, y el 24% restante entre los demás sectores priorizados. El contrato de inversión garantiza derechos de protección al inversionista, como son el trato no discriminatorio e igualdad de condiciones entre nacionales, extranjeros; derecho de propiedad; libertad de producción y comercialización; libre transferencia al exterior de divisas. También permite pactar arbitraje nacional o internacional para resolver controversias.
Los incentivos tributarios pueden otorgarse, en algunos casos, sin la necesidad de la suscripción del contrato de inversión, pero el contrato de inversión otorga un refuerzo jurídico, para defender sus derechos y condiciones con mayor seguridad, en caso de incumplimiento. Es por ello, que dichos contratos, como mecanismo de estabilidad y seguridad jurídica, va acorde a las necesidades del país y debe seguir siendo promovido para crecimiento de la economía. Así como el reciente regreso del Ecuador al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) que refleja el cambio de visión del estado para facilitar las inversiones y la atracción de la comunidad internacional.
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