EMPRESA PRIVADA Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN / PRIVATE ENTERPRISE AND THE NEW CONSTITUTION

EMPRESA PRIVADA
Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Alfredo Gallegos Banderas

La Constitución, aprobada sin análisis el 28 de Septiembre de 2008, tendrá repercusiones negativas en los sectores productivos ecuatorianos con graves consecuencias para el buen vivir de los ciudadanos en general. La irreflexión de los votantes costará caro a todos pues producirá inseguridad para la inversión productiva la misma que se contraerá, limitando la oferta de bienes y servicios, encareciendo los precios y reduciendo significativamente las plazas de trabajo.

La nueva Constitución consagra un excesivo presidencialismo, otorgando al Ejecutivo facultades para intervenir en la designación de otros poderes del estado, incluido el del nuevo “poder ciudadano”. Esto, sumado al temperamento autoritario y excluyente del actual Presidente, creara inseguridad para las inversiones.

La nueva Constitución deja sin límites efectivos al gasto público que continuará efectuándose sin planificación ni control. Vemos que en la proforma presupuestaria para el 2009 el gasto se lo eleva desmedidamente, aun cuando allí aún no se contempla las obligaciones adicionales impuesta por la Contitutución. Todo esto, sumado a la reducción de ingresos causada por la caída del precio del petróleo y la crisis financiera mundial, muy seguramente obligará al gobierno a abandonar el dólar para emitir su propia moneda. Estos hechos y acciones si se las toma, sin duda alguna desmantelará la estabilidad macroeconómica lograda en los últimos siete años.

El sistema económico planificador y socialista adoptado en la nueva Constitución traerá consecuencias negativas en el entorno empresarial privado, y hará que el sector público crezca desmesuradamente so pretexto de atender las necesidades ciudadanas. El articulo 319, inciso segundo, confiere al Estado la facultad de promover las formas de producción que aseguren el “buen vivir” y desincentivar aquellas que atenten contra sus derechos y los de la naturaleza. ¿Quien decidirá sobre algo tan impersonal y con que criterio? Sin duda el híper poderoso Presidente para cumplir a su modo el régimen de desarrollo del artículo 276 inciso 2 de “construir un sistema económico solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo y de los medios de producción”. El resultado no es difícil de prever: ahuyentar y perseguir la producción privada para lo cual el artículo 300 establece sin ambages que la política tributaria redistribuirá la riqueza y el artículo 334 numeral 1 ordena evitar la concentración de los factores y recursos productivos.

Adicionalmente, el artículo 308 de la nueva Constitución establece que las actividades financieras son un servicio público lo que significa que solo el Estado podrá ejercerlas, por si o por concesión a la banca privada, Esto unido a la desdolarizacion hará colapsar las fuentes adecuadas de financiamiento requeridas para la actividad productiva.

La libre competencia, motor del sector productivo privado se eliminará en la legislación secundaria para cumplir la disposición del artículo 66 numeral 4 de la Constitución que garantiza el “derecho a la igualdad formal y material” y la del artículo 19 que manda que la ley regule los contenidos de toda publicidad. Todos tendremos que ser iguales por mandato de la nueva Constitución y nadie en el sector productivo podrá ser mejor que otro ni podrá darse a conocer como tal.

El sector alimentario agro-industrial será aniquilado en cumplimiento de lo que manda el artículo 281 de la nueva Constitución de “promover políticas redistributivas de la tierra, el agua y otros recursos productivos” (numeral 4) y de “generar sistemas solidarios de distribución comercialización de alimentos” (numeral 11).

La seguridad jurídica se elimina. El artículo 437 da a la nueva Corte Constitucional el “derecho de revisar y anular sentencias judiciales ya ejecutoriadas”, y el artículo 434 ordena integrar dicha Corte con personas designadas por las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social, todas ellas controladas por el Presidente de la Republica. Es decir, todo el aparato estatal en pleno servirá para imponer el proyecto socialista y totalitario del actual gobierno.

Tan es cierto esto, que ya sin seguridad jurídica alguna, y con total desvergüenza el Tribunal Constitucional rompió ya la nueva Constitución y se proclamó Corte Constitucional, violación ante la cual ningún otro estamento público ha dicho media sílaba. Todo sirve para imponer la voluntad omnímoda del Presidente hacia el socialismo del siglo XXI.

De su parte el “Congresillo” ilegítimo bajo cualquier análisis, completará en breve el descalabro jurídico imperante.

El resultado: total indefensión e inseguridad para invertir en actividades productivas privadas que desde luego no son bienvenidas en el modelo socialista de la nueva Constitución. Sin inversión los sectores productivos privados se reducirán paulatinamente hasta desaparecer, y la ineficiente empresa pública monopólica ocupara su lugar.

El Ecuador buscó un cambio para eliminar las inequidades existentes entre sus ciudadanos desde hace mucho tiempo. Este loable propósito se lo puede obtener solo generando progreso. No se genera progreso económico y la equidad ciudadana con el socialismo totalitario que impone la nueva Constitución. Basta dar una mirada a la historia del siglo veinte para ver que nunca ningún régimen socialista totalitario lo logró.

La nueva Constitución, contrariamente a la publicidad gubernamental que sigue en forma cansina, hará que la Patria no sea de todos, si no del grupillo de socialistas del Siglo XXI encaramado en el poder.

AGB, Cívico, Quevedo & Ponce
Página Web
Octubre 5, 2008

english version

PRIVATE ENTERPRISE AND
THE NEW CONSTITUTION

Alfredo Gallegos Banderas

The new Constitution approved without much analysis on September 28, 2008, will have negative repercussions in the Ecuadorian private sector with serious consequences for the good living environment of all its citizens. The lack of reflection of voters will prove costly to all since it will enthrone insecurity for the private investment which will contract itself, limiting the supply of goods and services, increasing consumer prices and reducing employment importantly.

The new Constitution vests excessive powers in the Executive Branch, giving the President even the right to participate in the designation of the rest of Branches of Government, including the newly created “citizens power”. This fact, plus the authoritarian personality of the President, will create insecurity for private investment.

The new Constitution do not impose effective limits to public spending causing that it will continue to be unplanned and uncontrolled. We see a highly increased public spending in the 2009 proforma budget, even though it does not yet include the new commitments arising from the new Constitution. All of this, plus de decrease of income produced by the fall of oil prices and the worldwide economic crisis, most likely will soon force the government to abandon the dollar as our currency and to go back to printing its own money. These facts and actions it taken, will no doubt break the macroeconomic stability obtained in the last seven years.

The state planned socialist economic system adopted by the new Constitution will bring negative consequences to the private enterprise environment and will cause that the public sector grow without limits under the excuse to attend the citizens’ needs. Article 319, second paragraph, vests in the State the power to promote forms of production that will ensure “good living” and to deter those that are against its rights and those of the nature. Who will decide about something so impersonal and under what criteria? Of course the hyper powerful President in order to comply, in his own way, the development regime mandated by article 276, paragraph two, of “establishing a sustainable and solidary economic system based in the egalitarian redistribution of wealth and the means of production”. The result of this is not difficult to foresee: to drive and chase away private enterprise to which purpose article 300 very clearly establishes that the fiscal policy will redistribute wealth and article 334, number 1, mandates to eradicate the concentration of means and resources for production.

Furthermore, article 308 of the new Constitution establishes that financial activities are not private businesses but public services, which in turn means that only the State has the right to exercise them, either directly or through concession to private banking. This, along with the abandonment of the dollar currency will produce the abolishment of adequate financing for private productive activities.

Free competition, essential driver for private productive enterprise will be eliminated in the legislation that must be soon enacted to comply with the mandate of article 66, number 4 of the Constitution, that guarantees the “right to a formal and material equality” and that of article 19 that orders the law to control all contents of advertising. We will all have to be equal by mandate of the new Constitution and nobody in the productive sector could be better than another and worst publicize that fact.

The agro-industrial food producing sector will be vanished altogether in compliance with mandate of article 281 of the new Constitution to “promote redistribution policies for land, water and other productive resources (number 4) and to “generate solidarity systems of commercial distribution of food staples” (number 11).

The rule of law is eliminated. Article 437 gives the newly created Constitutional Court the “right to review and annul all judicial decisions, including those already non appealable”, and article 434 orders to integrate such Court with members designated by the legislative, executive and transparency and social control branches of government. This means that all the powerful State machinery will work to impose the socialist and totalitarian project of the actual government.

So true this is, that without any respect for the rule of law and with total shamelessness the former Constitutional Tribunal already broke the new Constitution and transformed itself into Constitutional Court, violation against which no other institution or authority of the government has said one single word. All of this serves the purpose to impose the all-embracing will of the President towards the XXI Century Socialism.

On its part the “Congresillo” or Little Congress, totally illegitimate under any analysis, will very soon complete this juridical calamity already in progress.

The final result is a total defenselessness and insecurity for investment in private productive activities that of course are not welcome in the socialist model of the new Constitution. Without investment, the private productive sectors will gradually reduce itself until extinction and its unavoidable replacement with an inefficient and monopolistic public enterprise.

Ecuador has always longed for change in order to eliminate the tremendous inequities existing between its citizens. This commendable purpose is possible only by generating progress. Economic progress and the resulting citizen’s equality of opportunities are not possible under the totalitarian socialistic system that is imposed by the new Constitution. With only a brief review of the history of the twentieth century it is possible see that progress has never been the result of a totalitarian socialist regime.

The new Constitution, contrary to its never ending promotion by the government, will make in fact that the Ecuador does not belong to everyone anymore, but to the small group of the so called socialists of the twenty first century now in power.

AGB, Cívico, Quevedo & Ponce
Página Web
Octubre 5, 2008